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Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas
¿Qué es el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PAN)?
El PAN es una estrategia que busca promover una cultura de respeto por los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. Se basa en principios creados por las Naciones Unidas en 2011, referidos a la obligación del Estado de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el aseguramiento de acceso a mecanismos de denuncia y reparación en caso de afectación hacia los derechos de las personas por impactos negativos de las actividades empresariales.

Este Plan de Acción dura cuatro años y en él participan instituciones públicas y empresas del Estado. Las acciones que se proponen son orientadas en base a cuatro objetivos estratégicos
¿Cuáles son los objetivos estratégicos del PAN?
Obligaciones del Estado con personas y grupos de especial protección
La obligación del Estado es proteger a las personas y grupos, especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad, frente a los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos. Para ello, el Estado debe adoptar medidas apropiadas para prevenir, investigar, sancionar y remediar abusos en esta materia.

De igual forma, los gobiernos deben garantizar mecanismos judiciales, administrativos y/o legislativos que permitan la reparación efectiva de quienes sufran tales abusos. Además, el Estado debe promover la debida diligencia en materia de derechos humanos, proceso de identificación, prevención y mitigación los riesgos de abusos a los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales.
Debida diligencia en derechos humanos
El Estado es el principal actor obligado a respetar, promover y proteger los derechos humanos. A su vez, las empresas, como parte activa de nuestra sociedad, tienen una especial responsabilidad en este ámbito.

En este sentido, el Estado, como actor económico, debe actuar y liderar con el ejemplo e integrar la debida diligencia en derechos humanos en ámbitos como sus compras públicas y en la actuación de las empresas estatales, ya que no debe verse implicado en abusos a través de sus proveedores o empresas estatales, y debe exigir a las empresas prevenir y mitigar los impactos negativos sobre las personas.

A su vez, el Estado debe promover la instalación de capacidades en materia de debida diligencia en derechos humanos en las empresas, debido a que estas, independientemente de su tamaño o sector, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Por ello, es necesario fortalecer sus capacidades técnicas e institucionales, promoviendo que comprendan y apliquen procesos de debida diligencia acordes a su contexto.
Mecanismos de denuncia y reparación
Para garantizar el acceso efectivo a la justicia ante vulneraciones de derechos humanos vinculadas a actividades empresariales se requiere Instalar y evaluar mecanismos de denuncia y reparación por parte del Estado Éste tiene la obligación de ofrecer mecanismos accesibles, transparentes y eficaces para investigar, sancionar y reparar abusos cometidos por empresas, especialmente en perjuicio de grupos de especial protección.

La instalación de estos mecanismos permite asegurar la protección a personas y/o grupos afectados por los impactos negativos de las actividades empresariales, así como su evaluación permite identificar barreras de acceso y mejorar continuamente su funcionamiento, garantizando que las respuestas estatales sean pertinentes, proporcionales y centradas en las personas y grupos afectados.
Promoción de la participación multiactor
En el ámbito de las Empresas y Derechos Humanos se destaca y promueve la participación significativa de grupos afectados —incluidos trabajadores, pueblos indígenas, comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil—, debido a que éstos permiten identificar riesgos reales y potenciales, para diseñar medidas pertinentes para prevenir abusos de la actividad empresarial. Por ello, el diálogo social se constituye como el pilar para construir políticas responsables, alineadas con el trabajo decente y los derechos fundamentales.

La participación efectiva de diversas partes interesadas en las acciones comprometidas en el PAN es necesaria para asegurar la inclusión de las necesidades, prioridades e intereses de éstos en las líneas de trabajo a ser desarrolladas entre 2026 a 2029.